La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) participó de la Quinta Marcha Federal Universitaria, en una jornada que reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados, autoridades académicas y distintos sectores de la sociedad santiagueña para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender el sostenimiento de la educación pública.

La movilización estuvo encabezada por el rector Marcelino Ledesma y la vicerrectora Fernanda Mellano, junto a autoridades de las unidades académicas, integrantes de los distintos claustros universitarios y representantes de organizaciones sociales, gremiales e instituciones provinciales y municipales.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la lectura del documento elaborado y consensuado a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

La lectura estuvo a cargo de representantes estudiantiles de las cuatro facultades de la UNSE: Noelia Ávila, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; Florencia Acuña, de la Facultad de Ciencias Forestales; Patricio Basualdo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; y Ana Verónica Lobo, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias; mientras que el último tramo fue leído por el rector.

La participación de los estudiantes dio voz a un documento que expresó las principales preocupaciones del sistema universitario argentino y planteó la necesidad de garantizar las condiciones para que miles de jóvenes puedan ingresar, permanecer y graduarse en las universidades públicas.

RECLAMO POR EL FINANCIAMIENTO
Bajo la consigna “Defender nuestros sueños y garantizar el futuro”, el documento nacional cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional y reclamó la aplicación de las disposiciones vinculadas con la recomposición salarial y las becas estudiantiles.

En ese sentido, señaló que tanto el Congreso de la Nación como el Poder Judicial respaldaron la vigencia de la norma y que existe una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas.

El pronunciamiento también advirtió sobre las consecuencias institucionales del incumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales, al tiempo que reivindicó el papel del Congreso y la vigencia del sistema democrático.

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con el deterioro de los salarios docentes y nodocentes, la falta de negociación paritaria y las dificultades que atraviesan los trabajadores universitarios.

Según el documento, la pérdida sostenida del poder adquisitivo compromete no solamente las condiciones de vida del personal, sino también la continuidad de las capacidades académicas, científicas y técnicas construidas durante décadas.

BECAS Y PRESUPUESTO 2027
El documento dedicó especial atención a la situación de los estudiantes y advirtió que la gratuidad universitaria resulta insuficiente cuando no existen condiciones económicas que permitan sostener una carrera.

Como ejemplo, mencionó el congelamiento de las Becas Progresar en 35.000 pesos desde 2024, la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y las dificultades que afectan a los programas de estímulo para las vocaciones científicas.

También cuestionó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que no contempla los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario ni recuperar las pérdidas acumuladas por el sistema.

En contraposición, el CIN elaboró una propuesta presupuestaria que, según el documento, requiere un incremento del 33,4 % respecto de las partidas previstas por el Ejecutivo nacional, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las instituciones y recuperar previsibilidad para sus actividades académicas, científicas y de extensión.

El pronunciamiento advirtió, además, que la reducción del financiamiento afecta la investigación, la vinculación tecnológica, la adquisición de equipamiento y la formación de nuevos investigadores, con consecuencias que pueden extenderse durante años.

PARTE DE LA SOLUCIÓN
En el tramo final, el documento reivindicó el papel de las universidades nacionales en la formación profesional, la movilidad social, el desarrollo científico y la construcción de soberanía.

“La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, expresó uno de los pasajes de la declaración.

La jornada concluyó con un llamado a sostener la defensa de la educación superior y del sistema científico-tecnológico, bajo las consignas de una patria democrática, soberana y educada.

La comunidad de la UNSE se sumó al reclamo nacional por el financiamiento de las universidades públicas, con una participación que reunió a sus distintos claustros y a sectores de la sociedad santiagueña en defensa del derecho a la educación.